Negligencias Médicas y Derecho de Salud

Analizamos atenciones de salud en las que pudo existir una infracción al estándar de cuidado exigible: errores quirúrgicos, complicaciones evitables, falta de seguimiento, alta prematura o daños derivados de un tratamiento. Evaluamos los antecedentes clínicos junto a peritos y determinamos las acciones civiles, penales o administrativas que correspondan.

Asesoramos cuando un diagnóstico tardío, incorrecto u omitido derivó en un agravamiento del cuadro, en la pérdida de oportunidades de tratamiento o en secuelas que podrían haberse evitado con una atención oportuna.

Gestionamos la obtención de la ficha clínica, exámenes, protocolos operatorios y demás antecedentes médicos. La ley reconoce al paciente el derecho a acceder a su información de salud, y ese acceso suele ser el primer paso indispensable para entender qué ocurrió.

Representamos a personas frente al rechazo o la reducción de coberturas, la aplicación de preexistencias, las alzas de planes, la exclusión de prestaciones y los conflictos con aseguradoras y prestadores de salud, tanto por vía administrativa ante la Superintendencia de Salud como por vía judicial.

Asesoramos cuando se niega o condiciona la atención de urgencia vital, cuando se exigen cheques en garantía o pagos indebidos, y cuando no se respetan las garantías de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera del sistema GES/AUGE.

Defendemos a trabajadoras y trabajadores frente al rechazo, la reducción o la modificación de licencias médicas por parte de Isapres, Compin o Comere, revisando los fundamentos de la decisión y presentando las reclamaciones y recursos que correspondan.

Orientamos sobre los derechos reconocidos por la Ley N.º 20.584: información oportuna y comprensible, consentimiento informado, trato digno, reserva de la información clínica, acompañamiento y presentación de reclamos ante el prestador y ante la Superintendencia de Salud.

Asesoramos a pacientes y familias frente a internaciones, tratamientos y medidas que puedan afectar la libertad personal o la dignidad de quienes atraviesan un problema de salud mental, resguardando el marco legal aplicable.

Perseguimos la reparación del daño patrimonial y del daño moral sufrido por el paciente y su entorno familiar, considerando gastos médicos, pérdida de capacidad de ganancia, secuelas y afectación del proyecto de vida.

Representamos a nuestros clientes en la mediación previa y obligatoria ante el Consejo de Defensa del Estado o ante mediadores acreditados, y continuamos con las acciones judiciales cuando no se alcanza un acuerdo satisfactorio.