Convivencia escolar
Bullying, ciberbullying, agresiones y protocolos.
Ningún estudiante debería aprender a callar para poder estudiar.
La educación no es solo un servicio: es un derecho. Detrás de cada procedimiento disciplinario, de cada denuncia por bullying o de cada cancelación de matrícula hay un estudiante, una familia y una comunidad educativa que necesitan que las cosas se hagan bien.
Te asesoramos y representamos en conflictos y procedimientos relacionados con estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de la educación y establecimientos educacionales. Abordamos casos de bullying, ciberbullying, acoso, violencia escolar, agresiones, discriminación, inclusión y vulneración de derechos; expulsión, cancelación de matrícula, condicionalidad y otras medidas disciplinarias; problemas de convivencia escolar, aplicación de reglamentos y protocolos, Aula Segura y procedimientos ante la Superintendencia de Educación.
Asesoramos además a establecimientos educacionales en reglamentos internos, protocolos de convivencia, procedimientos disciplinarios, medidas de resguardo, gestión de conflictos y cumplimiento de la normativa educacional vigente.
Bullying, ciberbullying, agresiones y protocolos.
Expulsión, cancelación de matrícula y condicionalidad.
Necesidades educativas especiales y trato igualitario.
Docentes, asistentes, sostenedores y apoderados.
Representamos a estudiantes y familias frente a situaciones de acoso escolar presencial o digital, agresiones, hostigamiento y violencia entre pares, exigiendo la activación de los protocolos del establecimiento, la adopción de medidas de resguardo y, cuando corresponde, las acciones administrativas y judiciales pertinentes.
Defendemos a estudiantes frente a expulsiones, cancelaciones de matrícula, condicionalidades y otras medidas disciplinarias, revisando si el procedimiento respetó el reglamento interno, el debido proceso, la proporcionalidad de la sanción y los plazos y garantías que la ley reconoce.
Asesoramos en los procedimientos especiales de expulsión asociados a hechos de violencia grave, resguardando que la investigación, la notificación, los descargos y la revisión de la medida se ajusten a la normativa vigente.
Actuamos frente a actos de discriminación arbitraria por identidad de género, orientación sexual, nacionalidad, religión, apariencia, situación socioeconómica, discapacidad o necesidades educativas especiales, y ante el incumplimiento de las obligaciones en materia de inclusión escolar.
Cuando los hechos ocurridos en el contexto escolar afectan la integridad de niños, niñas o adolescentes, evaluamos las medidas de protección ante los Tribunales de Familia y las denuncias que resulten procedentes.
Presentamos denuncias y acompañamos a familias y establecimientos en los procesos de fiscalización, requerimientos, cargos y sanciones tramitados ante la Superintendencia de Educación.
Asesoramos a profesionales de la educación en sumarios, investigaciones internas, denuncias en su contra, medidas disciplinarias, conflictos laborales, Ley Karin y estatuto docente, tanto en el sector municipal y de servicios locales como en el sector particular.
Acompañamos a sostenedores y equipos directivos en la elaboración y actualización de reglamentos internos, protocolos de actuación, procedimientos disciplinarios, medidas de resguardo, gestión de conflictos y cumplimiento de la normativa educacional vigente.
Los establecimientos tienen el deber de activar sus protocolos de convivencia escolar y adoptar medidas de resguardo. Si eso no ocurre, es posible denunciar ante la Superintendencia de Educación y evaluar medidas de protección u otras acciones legales según la gravedad de los hechos.
Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula están sujetas a requisitos, plazos y procedimientos establecidos en la ley y en el reglamento interno. Su aplicación fuera de ese marco puede ser revisada y dejada sin efecto.
Implica, entre otros aspectos, que el estudiante y su familia sean informados de los hechos imputados, que puedan presentar descargos y pruebas, que la sanción sea proporcional y que exista la posibilidad de pedir la reconsideración de la medida.
Los plazos para pedir la reconsideración ante el establecimiento y para reclamar ante la Superintendencia de Educación son breves, por lo que conviene asesorarse apenas se notifica la medida.
La Superintendencia fiscaliza el cumplimiento de la normativa educacional y puede instruir procesos y aplicar sanciones al establecimiento. Según el caso, además pueden ejercerse acciones judiciales para revisar la medida aplicada al estudiante.
Sí. Trabajamos con establecimientos educacionales en la elaboración de reglamentos y protocolos, en la conducción de procedimientos disciplinarios y en el cumplimiento de la normativa vigente, con un enfoque preventivo.
Cuéntanos tu situación. La primera consulta es de orientación y suele bastar para saber si podemos ayudarte.
“Hola, necesito asesoría en Derecho a la Educación. ¿Podemos coordinar una consulta?”