Protección del patrimonio
Resguardo de los bienes frente a fraudes y abusos.
Porque envejecer con dignidad también significa ejercer plenamente tus derechos.
Las personas mayores merecen vivir con autonomía, respeto y seguridad. Cuando sus derechos son vulnerados, la ley entrega herramientas para proteger su patrimonio, su integridad, su salud y su calidad de vida. En Sentido & Justicia brindamos una asesoría cercana, humana y especializada, acompañando tanto a las personas mayores como a sus familias en la prevención, solución y defensa de los conflictos jurídicos que puedan afectarles.
El envejecimiento trae consigo nuevos desafíos legales relacionados con el patrimonio, la familia, la salud, la vivienda y la protección frente a abusos o fraudes. Muchas personas mayores son víctimas de apropiaciones indebidas, estafas, presiones para firmar documentos, conflictos hereditarios, abandono o vulneraciones de sus derechos por parte de particulares e instituciones.
Nuestro objetivo es entregar una asesoría jurídica preventiva y oportuna, promoviendo la autonomía de las personas mayores y resguardando siempre su voluntad, dignidad y patrimonio.
Resguardo de los bienes frente a fraudes y abusos.
Testamentos, particiones y planificación patrimonial.
Defensa del acceso a la salud y del hogar.
Acciones frente a estafas y apropiación indebida.
Asesoramos a personas mayores que desean proteger sus bienes frente a eventuales conflictos familiares, fraudes o actos que puedan poner en riesgo su patrimonio. Revisamos compraventas, donaciones, mandatos, poderes, contratos y cualquier acto jurídico que pueda afectar sus derechos, procurando que cada decisión sea adoptada de manera libre, informada y con plena seguridad jurídica.
Brindamos asesoría en materias hereditarias, elaboración de testamentos, cesión de derechos hereditarios, posesiones efectivas, particiones y planificación patrimonial. Nuestro propósito es prevenir futuros conflictos familiares y asegurar que el patrimonio sea distribuido conforme a la voluntad de su titular y a la legislación vigente.
Las personas mayores suelen ser especialmente afectadas por estafas telefónicas, fraudes bancarios, suplantaciones de identidad, falsas inversiones o engaños relacionados con la firma de documentos. Evaluamos cada situación para ejercer las acciones civiles, penales o administrativas que correspondan y procurar la reparación de los perjuicios ocasionados.
Representamos a personas mayores que han sido víctimas de apropiación indebida de bienes, utilización abusiva de poderes, administración irregular de su patrimonio, retiros injustificados de dinero, ventas fraudulentas de inmuebles o cualquier actuación destinada a aprovecharse de su vulnerabilidad.
Prestamos asesoría cuando una institución de salud, Isapre, Fonasa, hospital, clínica o establecimiento asistencial vulnera los derechos de una persona mayor, niega prestaciones médicas, retrasa tratamientos, rechaza coberturas o adopta decisiones que afecten el acceso oportuno a la atención sanitaria.
Orientamos jurídicamente en conflictos relacionados con el cuidado de personas mayores, responsabilidades familiares, administración de bienes, convivencia, medidas de protección y otras situaciones que requieren resguardar tanto la autonomía como el bienestar integral de la persona.
Revisamos, redactamos y otorgamos seguridad jurídica a poderes y mandatos, explicando claramente sus efectos y previniendo que puedan ser utilizados de manera abusiva por terceros.
Asesoramos en conflictos relacionados con la vivienda habitual, ocupaciones indebidas, desalojos, problemas de copropiedad, contratos de arriendo, usufructos, comodatos y cualquier situación que pueda afectar el derecho de una persona mayor a vivir con tranquilidad y seguridad.
Representamos a personas mayores cuando sus derechos son vulnerados por organismos públicos, bancos, compañías de seguros, establecimientos de salud, residencias de larga estadía u otras instituciones, procurando soluciones oportunas mediante acciones judiciales o administrativas.
Cuando una persona mayor enfrenta una vulneración de sus derechos fundamentales, analizamos la procedencia de recursos constitucionales, acciones civiles, medidas cautelares u otros mecanismos legales destinados a restablecer el ejercicio de sus derechos y proteger su dignidad.
Si existen antecedentes que permitan presumir una administración abusiva, apropiación indebida o utilización no autorizada del patrimonio, es posible ejercer distintas acciones legales destinadas a proteger los bienes y los derechos de la persona afectada.
Existen distintas herramientas jurídicas, como testamentos, usufructos, donaciones, mandatos o una adecuada planificación patrimonial. La mejor alternativa dependerá de la situación familiar y de los objetivos de cada persona.
Es importante actuar rápidamente para evaluar las acciones civiles, penales y administrativas que correspondan, especialmente cuando existen transferencias bancarias, contratos firmados bajo engaño o apropiaciones indebidas de dinero o bienes.
Sí. En la mayoría de los casos los poderes pueden ser revocados, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes y la persona conserve la capacidad para adoptar esa decisión.
Dependiendo del caso, es posible ejercer acciones administrativas, judiciales o constitucionales destinadas a proteger el derecho a la salud y obtener el acceso oportuno a las prestaciones médicas correspondientes.
Si existen presiones, engaños o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, es recomendable solicitar asesoría jurídica inmediata para evaluar la validez de esos actos y ejercer las acciones legales necesarias para proteger sus derechos.
La planificación sucesoria permite ordenar anticipadamente la distribución del patrimonio mediante instrumentos jurídicos adecuados, disminuyendo la posibilidad de futuros conflictos familiares y otorgando mayor certeza a los herederos.
Las personas mayores tienen derecho a ser tratadas con dignidad, igualdad y respeto, pudiendo reclamar cuando una autoridad vulnera sus derechos o incumple las obligaciones que la ley le impone.
Dependiendo de la situación, pueden existir acciones administrativas, civiles o constitucionales destinadas a proteger la integridad, la salud y la dignidad de la persona afectada, además de exigir las responsabilidades que correspondan.
Sí. Muchas dificultades pueden prevenirse mediante una intervención y planificación jurídica. Contar con asesoría oportuna permite proteger el patrimonio, ordenar la sucesión, revisar documentos importantes y adoptar decisiones informadas antes de que aparezcan problemas.
Cuéntanos tu situación. La primera consulta es de orientación y suele bastar para saber si podemos ayudarte.
“Hola, necesito asesoría en Protección de Derechos de las Personas Mayores. ¿Podemos coordinar una consulta?”